miércoles, 29 de julio de 2015

Migrantes: víctimas de trata y secuestro en su paso por México

Por: Axel Chávez

Cada año, alrededor de 400 mil migrantes atraviesan México ilegalmente con la intención de llegar a la frontera con Estados Unidos. La miseria, inseguridad y falta de oportunidades los obliga a abandonar sus países y abordar los trenes de carga en el sureste mexicano; sin embargo, sobre ese lomo de La Bestia se enfrentan a los ataques de tratantes de personas y a los secuestros de bandas vinculadas con los cárteles del narcotráfico. 

Tan sólo de enero a mayo de este año, 181 indocumentados fueron víctimas de algún delito en su paso por territorio mexicano rumbo a Estados Unidos, principalmente explotación con fines sexuales y laborales, y privación ilegal de su libertad, reveló a Énfasis el Instituto Nacional de Migración (INM), en respuesta a una solicitud de información (folio 0411100043815).

Quienes inician la ruta de la muerte a bordo de este ferrocarril -que parte de Tenosique, en Tabasco, o Tapachula, en Chiapas- buscan dejar atrás la pobreza que hay en sus tierras, pero se enlistan en un viaje considerado por la organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional, como uno de los más peligrosos del mundo.

La Subdirección de Identificación y Atención a Víctimas de Trata del INM reveló a Énfasis que en los cinco primeros meses de 2015 nueve extranjeros fueron víctimas de explotación sexual o trabajos forzados, 68 de secuestro y 104 de otros delitos.

Siete de los casos de trata se registraron en Chiapas, uno en Yucatán y otro en el Distrito Federal; mientras que 67 de las privaciones ilegales de la libertad se efectuaron en Tamaulipas –donde, entre el 22 y 23 de agosto de 2010 en San Fernando fueron asesinados 72 migrantes, imputados al cártel de Los Zetas-, y una más en Aguascalientes. 

Migrantes viajan a bordo del ferrocarril del sureste (Cortesía)
De los “otros delitos” que, aunque el INM no especifica a qué se refiere cada uno, van desde el robo, lesiones y violaciones, 51 se efectuaron en Chiapas -frontera con Guatemala y donde parte el ferrocarril-, 31 en Oaxaca, 21 en Tabasco y uno en el Distrito Federal. 

A estas cifras se suman los 29 casos de trata con propósitos de explotación sexual y trabajos forzados que, de acuerdo con el oficio INM/DGCVM/DCVM/1208/2015 que entregó a Énfasis el Instituto Nacional de Migración en respuesta a la solicitud de información, ocurrieron en 2014. 

Entre estos casos se encuentran nueve mujeres hondureñas y dos guatemaltecas que fueron rescatadas tras un operativo el 3 de febrero de ese año en los municipios chiapanecos de Frontera Comalapa, Motozintla y Comitán de Domínguez. Ellas, según la Procuraduría General de Justicia de ese estado, eran obligabas a mantener relaciones sexuales y consumir bebidas alcohólicas con los clientes de los bares Play Boy, El Vaquero y 7 Mares, en lugares con condiciones insalubres y en horarios excesivos.

Seis mujeres más originarias de El Salvador y Honduras que eran sometidas a explotación sexual en el bar Berriozábal, en Tuxtla Gutiérrez, también fueron liberadas el 19 de agosto del año anterior. 

Además, la Dirección General de Control y Verificación Migratoria añadió que 697 indocumentados más fueron víctimas de secuestro, 125 sufrieron otros delitos como violación, robo, extorsión y tráfico de personas, y otros nueve fueron testigos de algún ilícito.

Entre estos se encuentran cinco hondureños, un salvadoreño y cinco guatemaltecos que, junto con 13 mexicanos, habían sido plagiados en diferentes lugares presuntamente por el Cártel del Golfo, que los tenía retenidos en una casa de seguridad en Reynosa, Tamaulipas, con el resguardo de dos vigilantes, uno mexicano y una guatemalteca, quienes, al ser detenidos por elementos de la policía federal, revelaron sus vínculos delictivos y dijeron que exigían siete mil dólares para dejarlos en libertad. 

Según Amnistía Internacional, más de 90 por ciento de los indocumentados proceden de Centroamérica, sobre todo de El Salvador, Guatemala, Honduras o Nicaragua. 

Todos, afirma, corren peligro de sufrir abusos, pero son las mujeres y los niños – especialmente los no acompañados– quienes son más vulnerables.

“Aunque de pocos casos queda constancia oficial, y prácticamente ninguno llega a ser enjuiciado, algunas organizaciones de derechos humanos y expertos en el tema estiman que hasta seis de cada diez mujeres y niñas sufren violencia sexual durante el viaje”, señala Amnistía en su estudio Víctimas Invisibles, migrantes en movimiento en México.

Agrega que muchas de ellas se ven disuadidas de denunciar por la presión para continuar su viaje y por la falta de acceso a un procedimiento efectivo.

El INM, por su parte, dijo desconocer el número de detenidos por incurrir en estos crímenes, así como los grupos delictivos involucrados en ellos. 

Aumentan delitos; prevalece impunidad

Aunque desde el año anterior las autoridades mexicanas incrementaron los operativos para impedir que indocumentados suban a La Bestia, lo cual, afirmó el secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong, también reduciría los riesgos de que sufrieran algún crimen, de 2013 a 2014 hubo un aumento de 13. 95 por ciento en los delitos de los que fueron víctimas los migrantes en su trayecto por México, al pasar de 740 a 860 ilícitos.

De acuerdo con el informe del Instituto Nacional de Migración, obtenidas por Énfasis a través de la Ley de Transparencia Gubernamental, entre las violaciones más graves a los derechos humanos durante 2013 estuvo el secuestro de 50 centroamericanos en Tamaulipas, en los municipios de Reynosa, Tampico y Ciudad Victoria, donde, según el mapeo delictivo de la Procuraduría General de la República, está identificada la presencia de Los Zetas y el Cartel del Golfo.

Zetas, vinculados con trata de migrantes, dice PGR (Cortesía)
En Oaxaca y Chiapas, frontera con Guatemala, identificados por Amnistía Internacional como zonas de alto riesgo para los indocumentados, ocurrieron 288 delitos en ese año, entre secuestros, extorsiones, fraudes y, principalmente, robos. En Chiapas ocurrieron diez homicidios.

Amnistía cita que las autoridades mexicanas señalan a Los Zetas como principales responsables de estos crímenes en presunta complicidad con la Mara Salvatrucha. 

Por ello el padre Alejandro Solalinde Guerra, director del albergue Hermanos en el Camino que proporciona asistencia humanitaria a quienes buscan llegar a Estados Unidos, ha denunciado la compra de gobiernos por parte de Los Zetas, quienes –dijo-, lograron posicionarse como la organización criminal más violenta del país secuestrando y masacrando migrantes. 

Por su parte, desde 2009, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) sugirió que México estaba sufriendo una epidemia oculta de secuestros, y que la mayoría de los abusos más graves tenían lugar en los estados por los que pasaban los trenes de carga de las principales rutas utilizadas por los migrantes, como Chiapas, Oaxaca, Tabasco, Veracruz y Tamaulipas.

¿La agonía de La Bestia?

En Hidalgo, uno de los estado con mayor afluencia de indocumentados debido a que las estaciones en Irolo, Apan, y Bojay, en Atitalaquia, ofrecen a los migrantes la oportunidad de abordar el ferrocarril del noreste para transportarse hacia la frontera con Matamoros, Nuevo Laredo, y Piedras Negras, Coahuila, el delegado del Instituto Nacional de Migración, Víctor Hugo Kanan Huebe, afirmó que con los operativos para frenar los viajes ilegales en el ferrocarril ha disminuido el ingreso de centroamericanos que buscan llegar, por esta vía, al vecino país del norte.

“Ahora están buscando por Veracruz, pero por el mar, porque tenemos el cerco muy adecuado. La Bestia ha dejado de funcionar como traslado de migrantes, y ha dado el servicio para el que se realizó: trasladar granos y materias primas para las empresas. 

“Antes venían en los furgones más de 500, por eso tantos lesionados. Cuando ya no cabían, por apretados que venía, ocupaban el techo del ferrocarril; así muchas personas perdieron la vida. Por desgracia (en 2014) remitimos a cuatro extranjeros muertos por estos accidentes”, indicó.

El funcionario dijo que el año anterior 193 mil 637 extranjeros sin documentos que acreditaran su estancia legal en la república fueron repatriados, la mayoría de ellos (17 mil 205) fueron detenidos en Michoacán, feudo de dos cárteles del narcotráfico: Jalisco Nueva Generación y Los Caballeros Templarios, los más poderosos en el país por su presencia en nueve entidades. 

Pese a estos resultados que destaca el gobierno federal, para activistas como el padre Solalinde el reforzar la vigilancia, la cual –dice- realizan hombres armados, causará mayores riesgos para los centroamericanos, que comienzan a utilizar nuevas rutas que son más peligrosas.

Alertó que, a bordo o no del Tren de la Muerte, los indocumentados seguirán atravesando México en busca de llegar a la frontera con Estados Unidos mientras las condiciones de pobreza, rezago y marginación prevalezcan en sus países. 



Compró Hidalgo 3 mil 508 armas para combatir al narco

Por: Axel Chávez 

Era 2010 y el gobierno de Hidalgo estaba a cargo de Miguel Osorio Chong, mientras que el grupo delictivo de Los Zetas que, de acuerdo con la Procuraduría General de la República (PGR), realizaba operaciones para el trasiego de droga desde el estado, tenía al mando a Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, un exmilitar que creció en la colonia El Tezontle, de Pachuca.
Para combatir al cártel, la administración de Osorio compró a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) mil 660 armas de corto y largo cañón para ser, en ese año, la quinta entidad del país que más armamento adquirió para hacer frente al crimen organizado, sólo detrás de Michoacán (8 mil 362), Estado de México (2 mil 744), Chihuahua (2 mil 531) y Jalisco (2 mil 10).
Lo anterior lo reveló a Criterio, en respuesta a una solicitud de información  (000070071415), la Dirección General de Industria Militar de la Sedena, quien, además, dio a conocer que de 2006 –cuando el expresidente Felipe Calderón emprendió la lucha armada contra el narcotráfico-, hasta junio de 2015 el gobierno de Hidalgo adquirió 3 mil 508 armas para reforzar sus cuerpos de seguridad y hacer frente al crimen organizado.
El 46.36 por ciento del armamento lo compró en 2010, mientras que del 1 de enero al 3 de junio de 2015 pagó a la Secretaría de la Defensa por 367 fusiles, que representa 10.46 por ciento del total de todos los años.
La administración de Osorio compró 46 % de las armas (Cortesía)
La Dirección General de Industria Militar indicó que, tras realizar una búsqueda exhaustiva en sus archivos, no localizó información sobre el monto pagado, desde 2006, por Poder Ejecutivo del Estado, ni el tipo y cantidad de cada arma; sin embargo, señaló que sólo tiene autorizado el comercio de cinco tipos de calibre corto y cinco más de largo cañón a las entidades del país, cuyo precio unitario va desde los 4 mil 145 pesos para el .380, hasta los 170 mil 232 pesos, para el .308.
A partir de 2010, dice la respuesta de la Sedena,  bajó la compra de armamento por parte del gobierno de Hidalgo, a cargo, tras Osorio Chong, de Francisco Olvera Ruiz, ya que en 2011 adquirió únicamente 313 armas; en 2012 sólo tres, más 116 en 2013 y otras 200 en 2014.
Antes de 2010 compraron 845 fusiles de diversos calibres: 148 en 2006, 155 en 2007, 437 en 2008 y 105 en 2009.
A nivel nacional, desde 2006, el gobierno del Estado de México a cargo, en dos sexenios, de Enrique Peña Nieto y Eruviel Ávila Villegas,  es el que más armas ha comprado a la Sedena, con 28 mil 214, seguido del Distrito Federal –administrado por Marcelo Ebrard Casaubón y Miguel Mancera-, con 21 mil 886. 
A estos les siguen Michoacán, con 14 mil 423; Veracruz, con 13 mil 538; Chihuahua, con 13 mil 402; Jalisco, con 11 mil 739, y Guanajuato, con 10 mil 505.
Con base en el documento proporcionado por la Defensa Nacional, a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública Gubernamental (INAI), en los últimos tres años Puebla no ha comprado ninguna arma a la Sedena, pero de 2006 a 2012 adquirió 5 mil 736. Nayarit, a su vez, lleva dos años sin adquirir armamento; no obstante, de 2006 a 2013 se hizo de 3 mil 909 unidades.
Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Chihuahua, Morelos, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco Tamaulipas y Yucatán no adquirieron fusiles en el primer semestre de 2015.
En ese periodo los gobiernos que han reforzaron con armas de diversos calibres sus corporaciones de seguridad son el del Distrito Federal, con mil 453, y Jalisco, con mil 75.

¿Cuánto cuestan las armas?
De acuerdo con la Dirección General de Industria Militar, el arma más económica a la venta es la de corto cañón calibre .380, a un precio mínimo de 4 mil 145 pesos, y un máximo de 10 mil 863 pesos. De los fusiles de corto cañón los más costosos son los calibres 9 milímetros, a un mínimo a la venta de 7 mil 767 pesos, y un máximo de 21 mil 75 pesos, así como el calibre 45, a un precio mínimo de 9 mil 248 pesos y un máximo de 11 mil 458 pesos.

En cuanto a armas largas, la más costosa es el fusil fal calibre 7.62 x 51 que la Sedena comercia a los gobiernos de las entidades a un mínimo de 33 mil 30 pesos y a un máximo de 170 mil 232 pesos. 


Armas compradas por estado de 2006 a junio de 2015
Aguascalientes 4 mil 227
Baja California 6 mil 813
Baja California Sur 2 mil 140
Campeche mil 568
Chiapas 3 mil 984
Chihuahua 13 mil 402
Coahuila 2 mil 622
Colima mil 951
Durango 4 mil 798
Guanajuato 10 mil 505
Guerrero 9 mil 225
Hidalgo 3 mil 508
Jalisco 11 mil 739
Estado de México 28 mil 214
Michoacán 14 mil 423
Morelos 3 mil 552
Nayarit 3 mil 909
Nuevo León 9 mil 345
Oaxaca 4 mil 408
Puebla 5 mil 736
Querétaro 4 mil 609
Quintana Roo 3 mil 989
San Luis Potosí 4 mil 976
Sinaloa 7 mil 915
Sonora 7 mil 771
Tabasco 4 mil 684
Tamaulipas 3 mil 855
Tlaxcala 2 mil 68
Veracruz 13 mil 538
Yucatán mil 704
Zacatecas 4 mil 139
Distrito Federal 21 mil 886

Aseguró PGR 588 bienes a Heriberto Lazcano, El Lazca

Por: Axel Chávez

Entre armas, municiones, vehículos, inmuebles y explosivos, la Procuraduría General de la República (PGR) aseguró 588 bienes propiedad de Heriberto Lazcano Lazcano, El Lazca, fallecido narcotraficante hidalguense que lideró al cártel de Los Zetas.

Además el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE) recibió 42 propiedades que fueron incautadas en la entidad a éste y otros miembros del crimen organizado.

La Dirección General de Control y Registro de Aseguramientos Ministeriales de la PGR reveló a Criterio, en respuesta a una solicitud de información (folio 0001700171115), que en operativos tendientes a combatir el narcotráfico incautó diez vehículos (sin especificar tipo, modelo y marca) que pertenecían al exdesertor del Ejército Mexicano -acaecido el 7 de octubre de 2012 tras un tiroteo con infantes de la Secretaría de Marina en Progreso, Coahuila- así como cuatro armas y 17 explosivos.

Según el oficio SJAI/DGAJ/07158/2015 entregado a Criterio por la fiscalía, los 588 aseguramientos de bienes del Z-3 –de los cuales, afirma, desconoce su valor monetario- se llevaron a cabo en 2008 y 2009. Entre las propiedades identificadas por la PGR también se encuentran 501 cartuchos o municiones, 28 accesorios, 27 objetos (sin especificar tipo) y un inmueble ubicado en Querétaro. 


Propiedad atribuida a Heriberto Lazcano (Foto CNN)
Aunque la PGR sólo menciona ese inmueble, en un comunicado emitido por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) el 4 de julio de 2012 para dar a conocer la captura de Emmanuel Pérez Reséndiz, presunto sicario de Los Zetas, en Monclova, Coahuila, también reveló que había asegurado escrituras de 28 inmuebles que pertenecían al Lazca, adquiridos con recursos de procedencia ilícita, por amenazas o extorsiones.

Entre estos, resumió la dependencia, “se contaron ranchos, residencias, lotes y terrenos de considerable extensión, que en su totalidad suman aproximadamente 500 hectáreas, ubicados en diferentes entidades del país como Hidalgo (su estado natal), Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Veracruz, San Luis Potosí y Zacatecas”.

De acuerdo con otra solicitud de información (folio 0681200056214), que respondió el Servicio de Administración y Enajenación de Bienes (SAE), de 2008 a enero de 2015 este organismo descentralizado de la administración pública recibió de la PGR diez casas habitación, un local comercial, dos ranchos, cuatro terrenos con construcciones y 25 terrenos urbanos confiscado en Hidalgo a narcotraficantes y otros criminales que incurrieron en delitos previstos en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada. Sólo una vivienda, en 2012, fue devuelta al no comprobar su pertenencia a sujetos involucrados con la delincuencia organizada.

Del total de esos 42 inmuebles dos fueron confiscados en Acaxochitlán, ocho en Pachuca, tres en Tula de Allende y uno, respectivamente, en Atotonilco de Tula, Cuautepec de Hinojosa, Epazoyucan e Ixmiquilpan. De los 25 restantes no especifica el lugar en el que fueron localizados.

Asimismo, la PGR entregó al SAE once vehículos que incautó y eran utilizados por el crimen organizado: nueve camionetas pick up, seis camionetas de pasajeros, dos tractocamiones, una motocicleta, un camión de carga de 3/2 toneladas, una camioneta de carga de 3/2 toneladas y un automóvil no apto para circular.



Aunque el SAE no precisa quiénes son los narcotraficantes a quienes pertenecían los bienes, la PGR dio a conocer a través del comunicado 882/08, con fecha de 30 de octubre de 2008, que los dos ranchos de Acaxochitlán se denominan “Quinta la Paloma” y “Los Alpes” y pertenecían a Jesús El Rey Zambada, uno de los cuatro jefes del Cártel del Pacífico, vinculado también con Joaquín El Chapo Guzmán. En cumplimiento a una orden de cateo, el Ejército ingresó a estos predios ubicados en la zona montañosa del Valle de Tulancingo, los cuales en conjunto suman una superficie de 60 hectáreas. 

Entre otras bestias que se alojaban en el inmueble -que contaba con aditamentos, caballerizas, bodega, establos y una cuenca lechera-, hallaron 90 ejemplares de ganado vacuno, 40 venados, 500 puercos y dos cebras, esto de acuerdo con los reportes dados a conocer aquel año por la PGR. 

Al dar a conocer aseguramientos de inmuebles del Rey Zambada, la fiscalía afirmó que dio golpes importantes a las estructuras financieras de grupos criminales; sin embargo, a siete años, el combate frontal contra el crimen organizado continúa. 



Los inicios...

El 5 de junio de 1991, a los 17 años, Heriberto Lazcano Lazcano, oriundo de Hidalgo, se alistó en las filas del Ejército. Su vida dentro de las fuerzas armadas mexicanas duró siete años. A la edad de 24 años abandona el Ejército para incursionar en el mundo del narcotráfico.

El 27 de marzo de 1998, según registros de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), Lazcano solicitó su baja del Ejército cuando había alcanzado el rango de cabo de infantería.



Lazcano fue reclutado en el Cártel del Golfo por otro exmilitar, Arturo Guzmán Decena, El Z-1, a quien tanto la PGR como la SSP federal le atribuyen la fundación de Los Zetas.