Los sobrevivientes del Grupo Universidad

La FEUH, antecesora del Grupo Universidad, estuvo inmersa en averiguaciones previas por su presunta responsabilidad en delitos de robo, secuestro, extorsión y violación


Axel Chávez / Pachuca

Aunque su origen data de 1966, con la creación de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo (FEUH) por el entonces pasante de derecho Adalberto Chávez Bustos, el empoderamiento político del Grupo Universidad surge –según el fallecido historiador Arturo Herrera Cabañas- con la llegada de Gerardo Sosa Castelán, a quien, en la década de 1980, definió como un “hábil e inescrupuloso político que ha llegado a convertir un grupo de poder que extiende sus brazos por distintos ámbitos”.

A 49 años del surgimiento de esa agrupación estudiantil, inmersa en averiguaciones previas por su presunta responsabilidad en delitos de robo, secuestro, extorsión y violación -según documenta el libro Política y Gobierno en Hidalgo, de Herrara Cabañas-, quienes fueron sus principales líderes acumulan una longeva trayectoria en los cargos públicos y de representación popular.

Zenaido Meneses y Gerardo Sosa, ex líderes de la FEUH (Especial)

En el texto inédito de Arturo Herrera Cabañas, escrito en las postrimerías de los ochentas, aparece un listado de 52 integrantes del Grupo Universidad, quienes, a casi cinco décadas, se mantienen o fueron parte de la función pública, o de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH). 

El líder del Grupo -ya identificado por el académico desde 1988-, Sosa Castelán, se mantiene como presidente del Patronato Universitario de la UAEH, después de ser aspirante a la Gubernatura, presidente del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exlegislador local y federal.

De su círculo cercano, su hermano, Agustín Sosa Castelán, es secretario académico del Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades (Icshu), así como exaspirante a rector de la Universidad. 

Ariel Meneses fue presidente municipal de Zempoala, mientras que Sabas Salinas González volvió a la función pública como director jurídico de la Secretaría de Desarrollo Agropecuario (Sedagro), luego de que, en junio de 1986, fuera desaforado como diputado local por Jacala para ser juzgado por el asesinato de una mujer en un bar de Pachuca. 

Francisco Javier Vargas Pacheco, conocido como El Carnes, buscó en 2011 la postulación del PRI a la presidencia de Mineral de la Reforma. En 2014 acusó a Ricardo Crespo Arroyo, dirigente estatal de su partido, de imposición en el comité directivo del tricolor de ese municipio, cargo al que aspiraba.

Raúl Ibarra Angulo, conocido con el sobrenombre de La Pechocha, quien fue secretario de la FEUH cuando Gerardo Sosa era presidente y contra quien –según los datos recabados por Arturo Herrera-, en 1983, se formuló la averiguación previa 12/H/975/983 por el delito de lesiones, es encargado de departamento en la Secretaría de Planeación, Desarrollo Regional y Metropolitano. 

De acuerdo con la investigación Política y Gobierno en Hidalgo, la cual, aunque permaneció inédita durante dos décadas formó parte de los títulos que la Secretaría de Turismo y Cultura promocionó en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería, del Grupo Universidad surgieron políticamente Raúl Arroyo González, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Hidalgo (CDHEH), actualmente delegado de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, y Aurelio Marín Huazo, exdirigente de la FEUH, exdiputado federal, dos veces presidente de Tulancingo y exsecretario de Gobierno. 

Porrismo y gobierno coludidos, obra de Rivera Flores (Especial)

Otros integrantes de esta organización, según Arturo Herrera, son Mario Pfeifer, Rafael Arriaga Paz, titular de la Notaría Pública 1, expresidente del Colegio de Notarios de Hidalgo, y Mario Salinas González, quien, dice el libro, encabezó el secuestro de Miguel Ángel Barberena, exdelegado estatal del PRI y exgobernador de Aguascalientes. 

Al igual que Luis Rey Ángeles Carrilo, presidente de la Federación durante el gobierno de Guillermo Rossell de la Lama, y encarcelado en 2004, cuando era empleado en la representación del gobierno hidalguense en el Distrito Federal, acusado de fraude por 31 millones de pesos contra la delegación Gustavo Madero. Falleció en 2009.

De líderes de la FEUH a docentes y administrativos

Entre los liderazgos de la extinta Federación de Estudiantes Universitarios de Hidalgo están quienes, sin involucrarse directamente en la política, se desempeñan como docentes o en cargos administrativos de la UAEH.

Según el texto de Herrera Cabañas, entre ellos están Adolfo Pontigo Loyola, secretario general de la Universidad. De él se dice en la obra del historiador que “despidió a trabajadores para sustituirlos por integrantes de la FEUH” cuando fue director de Recursos Humanos. 

Además de Miguel Ángel López García, expresidente estudiantil del Instituto de Ciencias Económico Administrativas (ICEA), actualmente director de Gestión de Calidad de la UAEH, así como Pipino Morales Gamero, director de la Preparatorio Número 3, quien –relata Herrera Cabañas- estuvo a punto de vender los archivos de Atotonilco El Grande a una cartonera cuando fue presidente municipal.

De los integrantes de la extinta agrupación estudiantil, que son señalados en la investigación hemerográfica Política y Gobierno en Hidalgo por su responsabilidad en delitos como robo, lesiones y secuestro, que no han ejercido cargos en la administración pública ni puestos de elección popular está Zenaido Meneses Pérez “brazo derecho de Gerardo Sosa” quien “encabezó grupos de asalto a comandancias de policías, preparatorias y comercios”. 

Los miembros de la FEUH, llamados por el historiador “Sosa y sus lugartenientes” se ostentaron –afirma- como “intelectuales de carrera” para justificar sus aspiraciones a los puestos más altos de las administraciones universitaria y estatal.

El libro también revela vínculos entre el Grupo Universidad y José Antonio Zorrilla, exdirector federal de seguridad que fue encarcelado por su autoría intelectual en el asesinato del periodista Manuel Buendía, y con Jorge Rojo Lugo, quien, según Arturo Herrera, utilizó, en aquel entonces a líderes estudiantiles ahora partícipes de la vida política del estado, como banda de choque. 

Los FEUH, 39 años después

Marco Antonio Briones Soto, expresidente de la FEUH, fue diputado local por Molango. En marzo de 2014 denunció que sujetos habían allanado su casa en Tulancingo y se habían llevado detenido a su hijo. 

Ezequiel Salinas González, quien, según el texto de Herrera Cabañas, fue presidente de las sociedades de alumnos de la preparatoria número 3 y del Instituto de Ciencias Sociales (Icso), además de que encabezó un asalto al Centro Regional de Educación Normal (CREN) Benito Juárez, es director de Protección Civil de la UAEH. 

De Otto Martínez García, quien ocupó, en 2006, la presidencia de la línea Zimapán-Valles de grupo transportista Flecha Roja, se dice en el texto que era colaborador cercano de Sosa y que, en la década de 1980, se apropiaba indebidamente de llantas de autobuses universitarios.

Además, quien fungía como rector en el tiempo del empoderamiento político de la Federación, Juan Manuel Menes Llaguno, es presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Francisco Olvera Ruiz, gobernador de Hidalgo, fue presidente de la FEUH.

En Puente Grande y el penal del Altiplano, capos hidalguense de alta peligrosidad

Capos hidalguenses presos en cárceles de máxima seguridad por delincuencia organizada, homicidio y tráfico de armas

Axel Chávez / Pachuca

Por integrar cárteles del narcotráfico, poseer armamento exclusivo militar o ser inculpados de producción y tráfico de drogas, entre otros delitos de alto impacto, 229 hidalguenses están presos en cárceles federales y, algunos de ellos, tienen el calificativo de “reos de alta peligrosidad”.

Ciento cuarenta y ocho son acusados de delincuencia organizada, 24 de delitos contra la salud, 14 de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Mexicana, y 12 más de homicidio, reveló a Criterio el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, en respuesta a la solicitud de información 3670000021215.

Tres originarios más del estado, según los datos del sistema penitenciario, están presos por acopio de armas de fuego de uso exclusivo militar, dos por trata de personas, dos por asalto y robo calificado, y uno por inducción clandestina a territorio nacional de arma de fuego y cartuchos de uso exclusivo del Ejército, así como material sujeto a control; es decir, tráfico de armamento.

Veinte reos hidalguenses de alta peligrosidad están en el penal de máxima seguridad del Altiplano, de donde escapó el líder del Cártel de Sinaloa, Joaquín El Chapo Guzmán, el pasado 11 de julio, y permanecen recluidos Omar Treviño Morales, el Z-42, quien quedó al mando de Los Zetas tras la captura de su hermano Miguel Ángel y el presunto abatimiento del narcotraficante Heriberto Lazcano Lazcano, oriundo de la colonia El Tezontle de Pachuca.

Hidalguenses detenidos, en 2011, por nexos con los Zetas (Especial)

Además en esa cárcel están presos Rubén Oseguera González, El Menchito, segundo en la organización criminal Jalisco Nueva Generación; José Tiburcio Hernández Fuentes, El Gafe, jefe del Cártel del Golfo, y Servando Gómez Martínez, La Tuta, que lideraba a los Caballeros Templarios.

En el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 2 de Occidente, ubicado en Puente Grande, Jalisco, hay otros ocho probables criminales nacidos en el estado por la comisión de delitos de alto impacto, también considerados reos de alta peligrosidad. En esta segunda cárcel de máxima seguridad están presos Alfredo Beltrán Leyva, El Mochomo, y José de Jesús Meléndez Vargas, El Chango, uno de los fundadores de la Familia Michoacana.

Sin embargo, la prisión federal con más hidalguenses es el Cefereso número 5 Oriente, situado en Villa Aldama, Veracruz, con 59, donde estuvieron presos cuatro años 17 policías ministeriales o al servicio del ayuntamiento de Pachuca inculpados por nexos con el crimen organizado, pero que por falta de pruebas y violaciones al debido proceso fueron liberados el 13 de enero de 2014 tras ganar un amparo.

En el Cefereso 11, de Hermosillo, Sonora, están encarcelados otros 37 reos oriundos de Hidalgo que, al igual que el resto de internos, “requieren medidas especiales de seguridad y vigilancia” al ser calificados como “de alta peligrosidad”, como se estableció para los reos de este centro desde que fue inaugurado el 2 de octubre de 2012 por el entonces secretario de Seguridad Pública federal Genaro García Luna.

Veinte mujeres hidalguenses acusadas de delincuencia organizada o delitos contra la salud están recluidas en el Centro Federal Femenil Noroeste, en Tepic, Nayarit.

Criterio identificó, en expedientes judiciales, que entre ellas están Carolina Rueda Martínez, alias La Pantera, que fue presentada por Damián Canales Mena, exsecretario de Seguridad Pública de Hidalgo, como “cabecilla de sicarios conocida por dejar una marca en forma de Z a sus víctimas”; Deni Guadalupe Madrid González, La Lola; Jazmín Madrid González, La Jaz, y Yajaira Yessica Zamudio Martínez, La Princesa, detenidas tras un operativo policial en la región Tula-Tepeji, en abril de 2011, y a quienes un juez de distrito de procesos penales en Nayarit dictó auto de formal prisión por ser presuntas colaboradoras de Los Zetas, en mayo de ese mismo año, según el comunicado 503/11 emitido por la Procuraduría General de la República (PGR).

Penal de máxima seguridad del Altiplano (Especial)

En esa cárcel femenil también estuvo privada de su libertad Hillary Anahí González Olguín, estudiante de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), y oriunda de Tepeji del Río, luego de ser detenida en la capital del país “por gritar consignas contra el presidente Enrique Peña Nieto” en la marcha del 20 de noviembre de 2014 en apoyo a los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Los cargos en su contra fueron “tentativa de homicidio, motín y asociación delictuosa”. Tras la protesta de asociaciones defensoras de derechos humanos un juez ordenó, el 30 de noviembre, la liberación de ella y diez personas más que participaron en la protesta.

Otra mujer nacida en territorio estatal está recluida en la prisión femenil del “Rehilete”, que forma parte de la colonia penal Islas Marías, situada frente a las costas de Nayarit.

Del resto de hidalguenses en cárceles federales, 15 se encuentran en el Cefereso 3 de Matamoros, Tamaulipas; 24 en el Cefereso 4, ubicado en Tepic, Nayarit; once en el Cefereso 12, de Guanajuato, y once en el Cefereso 13, de Oaxaca.

Así mismo, tres interno-pacientes, que son aquellos con algún daño orgánico cerebral dentro de un esquema de alta seguridad, están en el Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial de Ciudad Ayala, Morelos. Los tres son expolicías y formaron parte del grupo de 142 –entre elementos municipales, estatales y federales que laboraban en Hidalgo- que fueron detenidos en 2009.

Policías acusados de proteger al cártel (Especial)

Criterio investigó, a través de una asociación de derechos humanos que pidió no ser identificada, que uno de los hidalguenses que estuvo en esta prisión es Raúl Batres Campos, un exjefe regional de la policía ministerial a quien cuatro testigos protegidos identificados como Caleb, Pitufo, Rufino y El Oso, integrantes de Los Zetas, acusaron de recibir dinero para proteger a ese cártel. El policía ingresó con un diagnóstico de epilepsia. Aunque estuvo en esta cárcel, su tratamiento médico fue suspendido y fue trasladado al penal de Villa Aldama, Veracruz, sin ser dado de alta pese a que actualmente padece esquizofrenia.

El resto de cárceles federales con presos originarios de la entidad son los Ceferesos 6 de Huimanguillo, Tabasco –donde está prisionero Mario Aburto Martínez, homicida del excandidato a la presidencia del país Luis Donaldo Colosio Murrienta-, con tres; el número 8, con uno; el 9, con dos; el de “Bugambilias”, con cuatro; “Laguna del Toro”, con cuatro; el de “Morelos”, con seis, y uno en el Centro Federal de mínima seguridad Aserradero.

Del total de 229 presos, 164 han sido procesados y 65 sentenciados. La situación jurídica del reo faltante es “inimputable”.

De acuerdo con el documento proporcionado a Criterio por el Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, además de los cargos por narcotráfico y portación o acopio de armamento de uso exclusivo militar, ocho originarios del estado están recluidos por delitos contra la seguridad pública, siete por secuestro y cuatro por privación ilegal de la libertad. La diferencia entre estos dos últimos crímenes es que el primero tiene por objeto la obtención de recursos económicos a cambio de la liberación de la víctima; en el segundo el rapto no implica la petición de un rescate.

De igual forma, existe un reo procesado por uno por cada uno de los siguientes ilícitos: robo agravado y robo de autos, falsificación de documentos, robo en interior de vivienda y uso de centro de comunicación (teléfono) para cometer y facilitar el tráfico de estupefacientes.

El interno hidalguense más veterano tiene 74 años de edad; los dos más jóvenes, veinte, y ya enfrentan cargos por delincuencia organizada.

…Y Peña Nieto les niega indulto

Cinco presos hidalguenses han solicitado, desde el inicio del sexenio, indulto al presidente Enrique Peña Nieto, sin obtener respuesta favorable.

Tres de ellos son los indígenas de la comunidad San Joaquín, Tecozautla, que permanecieron recluidos durante tres años en el Centro de Rehadaptación Social (Cereso) de Pachuca acusados de un fraude fiscal por 486 millones de pesos y que, el 16 de agosto de este año, sin que recibieran el indulto del mandatario, fueron liberados al no acreditarse la comisión del delito.

Celso Mejía Caballero, Juan Caballero Hernández y Margarita Hernández Lugardo, que no eran catalogados como reos de alta peligrosidad, estuvieron privados de su libertad desde agosto de 2012, señalados de supuesto contrabando de telas; sin embargo, sus abogados defensores acreditaron que el empresario Óscar Corro López falsificó, en 2009, sus firmas y usó sus identidades.

Las identidades de los otros dos hidalguenses se encuentran “reservadas” debido a que no se les concedió el indulto y siguen prisioneros.

De acuerdo con la respuesta a la solicitud de información 0210000089015 que respondió Presidencia de la República a un particular, además de los originarios de Hidalgo, otros 303 mexicanos de otros estados e incluso uno de Estados Unidos no han recibido el indulto.

Mausoleo construido por Heriberto Lazcano (Especial)

Pachuca, cuna de capos

Pachuca, donde nació El Lazca, Heriberto Lazcano, es la ciudad de la que son originarios la mayor cantidad de presos hidalguenses en cárceles federales por delitos de alto impacto, con 79, seguida de Tulancingo, con 27, Huejutla, con 16, y Tepeapulco y Tula, con once cada una.

Diez más nacieron en Apan, cuatro en San Bartolo Tutotepec, Tepeapulco e Ixmiquilpan, respectivamente, y tres en Actopan, Cuautepec, El Arenal Molango, Tlanalapa y Tlahuiltepa.

Atotonilco El Grande, Tenango de Doria, Tlahuelilpan, Zacualtipan y Zempoala tienen, cada uno, dos nativos de sus municipios en penales por delitos federales, mientras que Xochiatipan, Santiago Tulantepec, San Felipe Orizatlán, San Agustín Mezquititlán, Mixquiahuala, Huichapan, Huazalingo, Huautla, Epazoyucan, Emiliano Zapata, Chilcuautla, Chapulhuacán, Cardonal, Calnali, Atotonilco de Tula, Alfajayucan, Ajacuba y Agua Blanca, a uno.

De los 229 hidalguenses presos, 14 no especificaron su municipio de origen.

La edad más recurrente es 25 años, que tienen quince de los presos, seguida de 39 años, que tiene trece reclusos. Once más tienen 29.



CIFRAS
208 de los presos hidalguenses en cárceles federales son hombres y 21 mujeres

148 son acusados de delincuencia organizada.

24 de delitos contra la salud.

14 de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, y

12 más de homicidio.